En la industria en general, en materia de
producción de bienes o servicios, existe el termino –capacidad de producción– así se expresa numéricamente la producción
en unidades que debe producir la planta por el diseño del equipo o el sistema,
es decir, lo que el fabricante garantiza que su maquinaria debe producir, por
día, por unidades, por toneladas o barriles. También, entre otros, se utilizan
términos de sobre o subcapacidad de producción del diseño original. La
industria pública venezolana, tanto en las llamadas industrias básicas, hierro,
acero, aluminio, electricidad, o en la actividad: minera, carbón, bauxita, oro,
así como la petrolera, petroquímica y del gas, y en telecomunicaciones, venían
presentando niveles de producción razonables, en comparación con su
diseño y menores comparadas, con las mismas autorizadas a realizar por el
sector privado. Entre otros ejemplos de empresas públicas, que en su tiempo
llamó la atención existe el positivo de Interalúmina, hoy Bauxilum, cuyo diseño
original fue de 1.000.000 de T/M y por mejoras criollas, llegó a producir, más
de 100.000 T/M, hasta casi 20%, sobre el diseño, lo que animó a contratar un
aumento de capacidad a 2 MM/ton. Hay muchos otros ejemplos en la industria
minera y petrolera. Pero, en el sector público, esto no ha sido la regla, sino
más bien la excepción, así que el refrán que el ojo del dueño engorda al
caballo, parece infalible, porque al final lo que es del Estado, resulta que en
vez de ser de todos, resulta que no es de nadie, y dejan para el final el
mantenimiento y la inversión, por los puestos de empleo que sí dan votos y no
productos que no votan. Actualmente por falta de inversión y mantenimiento, la
mayoría de las capacidades de producción, en las actividades mencionadas han
caído, muy por debajo de la capacidad de diseño y en algunos casos, se han
visto obligados a importar lo que antes exportábamos obligando a gastar
dólares donde antes se producían y complicando a futuro soluciones con mayor
personal que no demuestran mayor productividad.
Empresario en actividades de construcción y servicios Petroleros. Fue Presidente de Atlántida Internacional C.A, Empresa de Construcciones Petroleras y de Revestimiento de Tuberías. Fundo y es Presidente de Petrolago C.A, Empresa de Construcciones Petroleras en Tierra y costa afuera. Gremialmente ha sido Presidente de la Cámara Petrolera, Consecomercio y Fedecamaras. Es y ha sido miembro de diferentes Directorios, en el área minera y comercial.
miércoles, 28 de junio de 2017
miércoles, 14 de junio de 2017
PARTICIPACIÓN NACIONAL
PARA COMPARTIR
Desde el inicio de la democracia en 1958, se comenzó a tomar conciencia de la importancia de fortalecer al sector privado y de encontrarle un creciente espacio a la ampliación de la oferta venezolana para el Estado, como gran comprador de bienes y servicios. Se inició con el decreto 512, del 9-1-1959, donde se esbozó el apoyo a las empresas venezolanas, mediante la sustitución de importaciones, se amplió, con el concepto del valor agregado nacional (VAN), y en la pos nacionalización petrolera se avanzó, con el Decreto 2023, del 1-2-1977, culminándose en 1981, con el Decreto 1234, Compre venezolano. Comenzando a crecer y ampliarse la oferta de la industria nacional. Aunque en la mayoría de los países, estos estímulos se hacen por ley, y no por Decreto, como en el nuestro que solo ha usado esta vía. El principio es que para cualquier obra o proyecto, que exceda a las capacidades de las empresas locales, ya sea ésta técnica o financiera, se ejecuten por consorcio, como una manera de lograr la participación económica y transferencia tecnológica.
En nuestro caso, la propuesta que hiciese en los ochenta la cámara Petrolera, aceptada e instrumentada por Pdvsa, de incluir como requisito en las licitaciones de grandes obras la asociación con empresas nacionales, logró un resultado muy exitoso, especialmente en la apertura petrolera, transformando las pequeñas empresas de ingeniería y construcción de medianas a grandes, y hoy algunas de ellas, con sucursales y obras internacionales. Pero en los últimos años, cuando el Estado tuvo que contratar con constructoras internacionales, no les exigió su obligatoria asociación con nacionales, que en el mejor de los casos, terminaron como subcontratistas de segunda, y las empresas fabricantes descartadas, porque las constructoras internacionales, obligaban al suministro de bienes de su país de origen, dando como resultado, la desaparición de muchas constructoras y fabricantes de bienes petroleros perdiéndose el suministro de origen nacional y aumentando la dependencia del extranjero
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